LA IZQUIERDA PARLAMENTARIA SE OPONE AL "PROGRESISMO" NEOLIBERAL POSTAL DEL GOBIERNO

La Mayoría Sindical de Correos demanda en el Congreso el apoyo de los grupos parlamentarios a la retirada del Proyecto de Ley Postal para Correos
La izquierda parlamentaria se opone al "progresismo" neoliberal postal del Gobierno y presenta enmienda a la totalidad en el Parlamento al Proyecto de Ley Postal.


Abierto ya el trámite parlamentario de enmiendas al Proyecto de Ley Postal, el miércoles 13 de octubre, la primera en la frente, en este caso del Gobierno. La izquierda parlamentaria (Izquierda Unida-Esquerra Republicana-Els Verds) anuncia la presentación ese día de una ENMIENDA A LA TOTALIDAD de una Ley, la Postal, que ha mostrado la cara más neoliberal de un Gobierno que se empeña en decir que los recortes sociales, laborales y del espacio público son progresistas.


Ni estamos solos ni nuestros planteamientos son descabellados a la vista de los argumentos que el citado Grupo Parlamentario pone encima de la mesa para rechazar un Proyecto de Ley que considera lesivo para los intereses del correo público y para garantizar el Servicio Postal Universal a toda la ciudadanía.


En resumen, y partiendo de un balance en el que SE DENUNCIA "la ausencia de modelo postal por parte del Gobierno -con un desfile de sucesivos gestores indicativo de la "falta de respeto" que se está teniendo al Correo Público- así como la nula capacidad de elaborar planes estratégicos que apunten hacia un futuro de viabilidad empresarial", la izquierda parlamentaria argumenta los motivos de su enmienda a la totalidad con las siguientes razones:


Rechazo de la Directiva Postal, que el partido que sustenta al Gobierno votó.


El contexto económico actual resulta el peor posible para abordar el proceso de liberalización del sector.


El 75% de la representación sindical de Correos está en contra de este Proyecto de Ley.


El Gobierno ha escogido el modelo que apunta a una mayor desregulación, apostando por las opciones más neoliberales de la Directiva Postal.


La Ley, tal como está planteada, supone la apertura a la competencia de un segmento del mercado de casi 1.000 millones de euros que Correos "cede", como prestador del servicio postal público, en aras a la liberalización postal.


En contrapartida Correos mantiene la obligación, durante 15 años de prestar el SPU, aunque con unos medios de financiación que, a la vista de los PGE para el año que viene, parecen una "broma pesada" (sic) del Gobierno.


El objetivo de dinamizar el sector postal, incrementando la competencia, se va a hacer a costa de desmantelar el servicio público prestado por Correos.


Con esta Ley se va a ampliar el nivel de desigualdad de los ciudadanos, con la instalación de una doble escala en la prestación del servicio: una para aquellos que por residir en las "zonas rentables del mercado" tendrán la posibilidad de una mayor y mejor prestación del servicio, y aquellos que, precisamente por residir en zonas no rentables verán reducida dicha prestación.


Y por último, y no es un asunto menor, también cabe señalar que este proyecto va a incidir en el empleo. Correos ha perdido 7.000 empleos en los dos últimos años -según el propio Gobierno-, y el proyecto presentado va en la dirección de aumentar esta sangría.

Con estos argumentos, la Mayoría Sindical no puede por menos que expresar su alto nivel de coincidencia al tiempo que señalar que la iniciativa del Gobierno no tiene nada que ver con políticas de izquierda sino con planteamientos económicos de corte neoliberal; mientras la izquierda parlamentaria no rebaja ni un milímetro la defensa del sector público -en este caso del postal- y, lógicamente, hacemos constar públicamente nuestro apoyo a la RETIRADA O POSTERGACIÓN DEL PROYECTO DE LEY POSTAL.



POR TODAS ESAS RAZONES y, también, para que RECUPERE EL PROFUNDO DÉFICIT DEMOCRÁTICO CON EL QUE HA NACIDO, TRANSCURRIDO, Y ESPEREMOS NO VAYA A CONCLUIR. La reforma postal hecha a la medida de los dictados de los mercados, la hace suya un Gobierno con su partido -y brazo sindical- y esto no puede ser, tenemos que pararla los trabajadores, como la laboral y la de las pensiones.