El MINISTRO DEL OPUS, ADMITE que
"FORZÓ EL ORDENAMIENTO JURÍDICO" para ENCARCELAR a los ESTUDIANTES EN
BARCELONA.
Redacció Sírius el dijous
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido ante el Congreso que "ha habido que forzar el ordenamiento jurídico"-lo que echa por tierra la 'supuesta' independencia judicial-para poder ingresar en la cárcel a los estudiantes por mañana, y acusarlos de los destrozos causados en Barcelona en los altercados de la tarde, mientras estaban en comisaría y, por tanto, no pudieron intervenir en estos hechos claramente provocados por los Mossos de Felip Puig. El supernumerario del Opus Dei miente-como Felip Puig hoy en el Parlamento-con el desparpajo habitual de los franquistas.
En su comparecencia en la Comisión de Interior para informar de las cifras de criminalidad de España, Fernández Díaz ha señalado que en los últimos tiempos se están viendo "técnicas de guerrilla urbana" en torno a manifestaciones legítimas que requieren una "respuesta jurídica adecuada "-es decir, falsear la verdad-y justifica la necesidad de una reforma legal que patrocina el PP-CiU para aumentar las penas mínimas que conllevan prisión y que son las más duras de Europa de largo.
Según ha mentido ante la evidencia de los hechos, tras los incidentes de Barcelona durante las movilizaciones de la huelga general del 29 de marzo, la juez Carmen García Martínez-ya conocida por sus sentencias contra derecho y que han causado suicidios de inocentes a sus manos-decretó prisión provisional para tres de los detenidos por la mañana, "entre otras cosas por incendiar una cafetería que podría haber terminado en una catástrofe y para agredir a los bomberos, ha habido un debate jurídico sobre si se podía o no decretar prisión provisional "CUANDO ESTOS HECHOS SE PRODUJERON CON LOS DETENIDOS EN COMISERIA, LO QUE EL INEPTO MENTIROSO OBVIA RECORDAR.
"Ha habido que forzar el ordenamiento jurídico para que ingrese en prisión alguna persona", ha reconocido en otro momento de su comparecencia. "Si la pena mínima no es de dos años, la prisión provisional es jurídicamente cuestionable y por esta conducta ahora es de un año, de manera que el ordenamiento no da respuesta adecuada" para los intereses de la REPRESIÓN FASCISTA DEL PP.
Todo ello le ha permitido subrayar la necesidad de su reforma legal que anunció hace semanas para subir el mínimo que permite decretar prisión provisional, aunque siempre dejando la última palabra al juez. "Tenemos el deber de dotar de los instrumentos necesarios para que estas personas no puedan actuar impunemente", insistió.
Con similares motivos ha defendido el dispositivo especial ante la próxima juerga de los contables de la mafia del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona, en la que no quiere que salga la imagen de un país que no está condiciones de organizar este tipo de eventos, aunque no le importa que este "país" sea el puticlub de Europa, como ya pasó con el congreso de móbiles.
Tanto el socialista Pedro Muñoz como el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, condenaron todos los incidentes violentos en manifestaciones, pero expresaron su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que afecte a los derechos de manifestación. Para el PSOE, el Gobierno tenía "suficientes armas jurídicas" sin necesidad de recurrir a una reforma del Código Penal.
Asimismo, IU ha presentado denuncias en el Parlamento de Cataluña, el de Madrid y el europeo por el encarcelamiento "injusto y arbitrario" de los tres estudiantes y de los otros 85 miembros de piquetes encausados, en una clara actitud represiva e intimidatoria del gobierno de corruptos del PP.
Redacció Sírius el dijous
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido ante el Congreso que "ha habido que forzar el ordenamiento jurídico"-lo que echa por tierra la 'supuesta' independencia judicial-para poder ingresar en la cárcel a los estudiantes por mañana, y acusarlos de los destrozos causados en Barcelona en los altercados de la tarde, mientras estaban en comisaría y, por tanto, no pudieron intervenir en estos hechos claramente provocados por los Mossos de Felip Puig. El supernumerario del Opus Dei miente-como Felip Puig hoy en el Parlamento-con el desparpajo habitual de los franquistas.
En su comparecencia en la Comisión de Interior para informar de las cifras de criminalidad de España, Fernández Díaz ha señalado que en los últimos tiempos se están viendo "técnicas de guerrilla urbana" en torno a manifestaciones legítimas que requieren una "respuesta jurídica adecuada "-es decir, falsear la verdad-y justifica la necesidad de una reforma legal que patrocina el PP-CiU para aumentar las penas mínimas que conllevan prisión y que son las más duras de Europa de largo.
Según ha mentido ante la evidencia de los hechos, tras los incidentes de Barcelona durante las movilizaciones de la huelga general del 29 de marzo, la juez Carmen García Martínez-ya conocida por sus sentencias contra derecho y que han causado suicidios de inocentes a sus manos-decretó prisión provisional para tres de los detenidos por la mañana, "entre otras cosas por incendiar una cafetería que podría haber terminado en una catástrofe y para agredir a los bomberos, ha habido un debate jurídico sobre si se podía o no decretar prisión provisional "CUANDO ESTOS HECHOS SE PRODUJERON CON LOS DETENIDOS EN COMISERIA, LO QUE EL INEPTO MENTIROSO OBVIA RECORDAR.
"Ha habido que forzar el ordenamiento jurídico para que ingrese en prisión alguna persona", ha reconocido en otro momento de su comparecencia. "Si la pena mínima no es de dos años, la prisión provisional es jurídicamente cuestionable y por esta conducta ahora es de un año, de manera que el ordenamiento no da respuesta adecuada" para los intereses de la REPRESIÓN FASCISTA DEL PP.
Todo ello le ha permitido subrayar la necesidad de su reforma legal que anunció hace semanas para subir el mínimo que permite decretar prisión provisional, aunque siempre dejando la última palabra al juez. "Tenemos el deber de dotar de los instrumentos necesarios para que estas personas no puedan actuar impunemente", insistió.
Con similares motivos ha defendido el dispositivo especial ante la próxima juerga de los contables de la mafia del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona, en la que no quiere que salga la imagen de un país que no está condiciones de organizar este tipo de eventos, aunque no le importa que este "país" sea el puticlub de Europa, como ya pasó con el congreso de móbiles.
Tanto el socialista Pedro Muñoz como el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, condenaron todos los incidentes violentos en manifestaciones, pero expresaron su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que afecte a los derechos de manifestación. Para el PSOE, el Gobierno tenía "suficientes armas jurídicas" sin necesidad de recurrir a una reforma del Código Penal.
Asimismo, IU ha presentado denuncias en el Parlamento de Cataluña, el de Madrid y el europeo por el encarcelamiento "injusto y arbitrario" de los tres estudiantes y de los otros 85 miembros de piquetes encausados, en una clara actitud represiva e intimidatoria del gobierno de corruptos del PP.
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