Frente a las soflamas del Gobierno y ciertos grupos parlamentarios, la Ley Postal es un proyecto sin consenso sindical ni social alguno, que se sustenta en el trasvase del servicio postal público a los privados, a un mínimo coste, sin cobertura financiera para Correos que pierde más de 1.000 millones de euros del espacio reservado, con previsibles pérdidas de empleo, reducción de la extensión del servicio postal universal, del derecho público y esencial de los ciudadanos a recibir el correo los cinco días de la semana, independientemente de su ubicación geográfica.
En definitiva, una empresa pública que está siendo abocada a su desmantelamiento y privatización bajo “leyes progresistas” e intereses partidistas.
Al mismo tiempo, las organizaciones convocantes exigen a la empresa la negociación del Convenio para personal laboral y Acuerdo para personal funcionario, para cerca de 60 mil trabajadores, bloqueado desde hace casi dos años, que blinde los derechos salariales y laborales frente a la política de recorte del Gobierno.
La Mayoría Sindical seguirá presionando con iniciativas movilizadoras, a lo largo de todo el territorio durante las próximas semanas, para reconducir la Ley con el objetivo de evitar sus consecuencias que podrían conducir a Correos a su desarticulación a través de un ERE encubierto o de su privatización y cuya conclusión será una huelga general que podría realizarse entre finales de este mes y comienzo del siguiente.
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