La pasada semana, la revista alemana Der Spiegel sacaba a la luz lo que muchos veníamos denunciado hace meses. La política de Berlín de salir fortalecido globalmente de la crisis a costa de exprimir a sus socios más débiles requiere de una marco político y legal europeo en correspondencia con este objetivo. Y el gobierno de Merkel ha empezado a diseñar lo que sería el nuevo status de los países de la UE convertidos en protectorados semicoloniales de Alemania.
Según el semanario alemán de centro-izquierda, el gobierno alemán “está preparando un conjunto de reglas de insolvencia para los países de la zona euro”.
Su objetivo es doble.
En lo económico evitar que la quiebra de un país europeo –ya sea de su deuda soberana o de su sistema financiero– recaiga en las arcas públicas alemanas, repartiendo entre los inversores privados propietarios de la deuda una “parte de la carga financiera”.
En lo político, y este es el aspecto principal del asunto, las nuevas reglas forzarían a los países afectados “a renunciar a parte de su soberanía”.
El mecanismo es simple, aunque terriblemente demoledor.
El plan secreto
A pesar de la urgencia que considera que tiene el asunto, el Gobierno alemán ha decidido adoptar un enfoque prudente. A la canciller le preocupa que su proyecto pueda ser visto como la certificación por parte germana de que el plan de rescate europeo no va a solucionar los problemas de la deuda soberana. Y por ello está tratando los planes con ese secretismo. Según Der Spiegel, son menos de una docena de expertos de diversas áreas del gobierno los que están familiarizados con el asunto.
Su meta es elaborar los planes de “declaración de insolvencia ordenada” como una alternativa distinta al paquete de rescate, que se pondría en marcha en caso de que éste fallara. El trabajo sobre el proyecto ya ha hecho muchos progresos, y un primer borrador basado en el trabajo preliminar realizado por los expertos de los ministerios de Hacienda y de Justicia ya está siendo distribuido en la Cancillería.
Si este plan llegaran a ejecutarse, afirma Der Spiegel, “bancos e inversionistas no serán los únicos que lleven la carga cuando los países de la zona euro afronten problemas financieros. Los países endeudados también tendrán que hacer sacrificios importantes, y sus gobiernos ceder parte de su poder”.
Los expertos alemanes proponen un procedimiento en dos etapas diferenciadas. La revista germana recoge las declaraciones del ministro de Finanzas alemán al describir los objetivos de este enfoque: "Siempre que una empresa se declara en bancarrota, los acreedores deben renunciar a una parte de sus créditos. El mismo principio debe aplicarse en caso de quiebra nacional".
Restricciones de la soberanía
Si un país de la zona euro (léase Grecia, Portugal, España,...) llega un momento en que es incapaz de hacer frente a sus deudas públicas o privadas, cayendo en la insolvencia, el plan contempla que se proceda a una reestructuración de la deuda.
La reestructuración de la deuda es una alternativa que se aplica, por ejemplo, a las empresas que presentan suspensión de pagos o que en el pasado el FMI empleó con países como Argentina, como paso previo a hacerle caer en el corralito. Gracias a ella, la deuda impagable se reduce teóricamente a través de dos vías.
En primer lugar se procede a una quita, término que en el argot jurídico mercantil equivale a que una parte de esa deuda (un quinto, un tercio,...) que se considera absolutamente incobrable, desaparece. Es decir, para asegurarse el cobro de una parte importante de lo adeudado, los acreedores renuncian aparentemente a cobrar otra parte. Aunque no todos renuncian por igual.
Como ocurre en las quiebras empresariales, los mas fuertes –especialmente la banca– se reservan a través de distintos mecanismos ocupar una posición de privilegio en la liquidación de las deudas. De forma que la quita suele recaer de forma principal en los acreedores más débiles.
Pero en segundo lugar, se renegocian plazos e intereses, con el objetivo teórico de facilitar al deudor el pago de la deuda que permanece viva, pero que en muchos casos conduce a la liquidación de la empresa y el reparto de sus activos entre los acreedores. O bien a un pago todavía superior mediante la fórmula de alargar el plazo de devolución de la deuda, pero aumentando el monto total de intereses que al final se pagará por ella.
Y si al propietario de una empresa en suspensión de pagos se le quita la gestión de su negocio, que pasa a estar dirigido por un administrador judicial, Berlín propone hacer otro tanto con los países declarados “insolventes”.
A cambio de la reestructuración de la deuda, un directorio con amplios poderes con base en Berlín arrebataría a los gobiernos de países como Grecia, Portugal, España y otros, una parte sustancial de su soberanía, pasando a gobernar algunos de los más importantes aspectos de su economía y su política presupuestaria.
Estas “restricciones de la soberanía” (como las denomina el documento de expertos del gobierno alemán) pondría la parte más vital de la gestión económica de esos países, la política presupuestaria, en la que se decide de forma concreta la orientación de su política económica, bajo el control de “una persona o grupo de personas familiarizadas con las características regionales de la nación deudora”. Las cuales, a su vez, serían nombrados por un nuevo organismo, denominado en el documento como el “Club de Berlín”, que actuaría como garante internacional del país insolvente.
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