"El “pensionazo” mata la esperanza y acorta la vida .-Un interesante artículo de Rafael Cid.
Comencemos con el aspecto del nominalismo (cómo lo llaman). Porque lo primero que hace el poder antes de lanzar un ataque es apropiarse de la gramática para categorizar sus propuestas y que los propagandistas en nómina desarrollen su estrategia lobotomizadora sobre esos raíles.
Así que aclaremos : “el pensionazo” no es una reforma, sino una contrarreforma. Es decir, una reforma involucionista, regresiva, reaccionaria, que empobrece socialmente (y por tanto moralmente) lo que viene a reemplazar como presuntamente caduco.
Es un ir a peor y a las malas que nos venden como una necesidad para mejorar en el futuro, ad calendas graecas.
En la segunda característica está su hándicap más secreto. La contrarreforma no está justificada, aunque si motivada, falsamente motivada.
En la actualidad la caja de la seguridad social, o sea, los dineros con que cuenta el sistema para atender sus necesidades, registra un importante superávit.
Son unos 65.000 millones de euros los que tiene en estos momentos el Fondo de Reserva.
Un bocado tan goloso que al estallar la crisis, allá por el 2008, llevó a la patronal CEOE a sondear la posibilidad de captar esa partida para sus propias utilidades.
Era cuando su máximo representante, el delincuente social Gerardo Díaz Ferrán, proponía “hacer un paréntesis en el libre mercado”. Con lo que la urgencia del Gobierno en implantar la “contrarreforma” es más un ejercicio de prospectiva, un juicio de intenciones, ideología de clase. Como cuando los neomalthusianos predijeron el acabose de la despensa planetaria (ver Entre Godwin y Kropotkin).
El tercer aspecto del problema tampoco es baladí. La contrarreforma en marcha pretende un robo legal. Robo, saqueo, expolio. Con todas las letras.
Porque conviene recordar que las prestaciones de jubilación que ahora se pretenden laminar, con la excusa de implantar políticas de austeridad para enfrentar la crisis, no son gratuitas.
Nacen de la contribución de los trabajadores a lo largo de su vida laboral, en un sistema de reparto que identifica su gradiente ético y solidario como hecho diferencial.
Y, finalmente, como último elemento para contextualizar el tema, conviene resaltar que la ofensiva desencadenada se maquina bajo el signo de una profunda ilegitimidad. Los integrantes del poder ejecutivo y del legislativo que ostentan la potestad para imponer la contrarreforma quedan exentos de sus efectos perversos.
A ellos no les afectan lo más mínimo los cambios regresivos que van a introducir, ya que su propio fuero les concede unas condiciones infinitamente más ventajosas que las de sus representados. Están blindados.
Son unos privilegiados, y desde esa flagrante injusticia asumen la responsabilidad histórica de decretar sangre, sudor y lágrimas para los demás donde ellos hacen de su capa un sayo.
Donde un ciudadano normal necesita 35 años cotizados para obtener una jubilación completa, a nuestros representantes les basta con sólo 11 culiparlantes años.
Rafael Cid"
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