El Gobierno ha anunciado este viernes que finalmente no pagará a
los pensionistas por la desviación de la inflación. Según ha justificado la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el deterioro de la situación
económica les ha llevado a renunciar a la única
de las promesas que el presidente, Mariano Rajoy, había mantenido tras
romper su programa electoral con la subida del IVA, el copago sanitario, el
abaratamiento del despido y la rebaja del paro. "Es una de las decisiones
más difíciles y dolorosa que hemos tomado",asegura Fátima Báñez, tras
semanas en las que el Ejecutivo ha evitado responder de forma concreta y clara
a la pregunta de si iban a actualizar las pensiones.
Con vistas a 2013, el Ejecutivo ha aprobado una subida de las
pensiones en un 1%, el mismo aumento que se adoptó para 2012, tal y como ya
estaba previsto en los Presupuestos. Para aquellas prestaciones que no superen
los 1.000 euros, que suponen el 70% del total o 6,6 millones de pensiones, el
alza será del 2%. La medida supondrá un coste de 1.513 millones de euros
durante el próximo año.
La inflación cerró noviembre en el 2,9%, según el dato
adelantado que ha publicado esta mañana el INE. El aumento real de los precios
ha superado, por tanto, al avance del 1% que registraron en enero las
pensiones, con lo que el Gobierno estaba obligado a compensar a los perceptores
por esta desviación de 1,9 puntos porcentuales, según estipula la ley. Pero al
final no será así. La presión de Bruselas, que mantiene a España bajo una
estrecha vigilancia, y la necesidad de reducir el déficit han podido más que la
promesa electoral. "No teníamos otra opción para cumplir con los objetivos
de déficit", ha argumentado Báñez, que ha insistido en que la
consolidación fiscal es imprescindible para volver a crecer y crear empleo.
Haber optado por corregir la desviación que ha sufrido los precios
con respecto al aumento de las pensiones hubiera costado al Estado más de 2.000
millones este año. Además, consolidar luego este incremento en 2013 hubiera
aumentado los gastos en otros 2.000 millones, dinero al que habría que sumar
los 1.513 millones que cuesta el alza de entre el 1% y el 2% aprobada en
Consejo de Ministros. Este esfuerzo, sin embargo, era incompatible con el
cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal comprometidos con Europa,
sobre todo por lo que respecta al presente ejercicio. "Este es el año más
duro y, por eso, se suspende la actualización", ha añadido la ministra.
La decisión de no actualizar las pagas se traduce en que los
pensionistas, que ya sufrieron la congelación de las prestaciones en 2011 con
el anterior Gobierno, perderán poder adquisitivo. Desde enero, esta pérdida se
traduce en un descenso de 15,8 euros al mes para una pensión media, que a
cierre de noviembre era de 834,99 euros.
Junto a estas decisiones, el Gobierno también ha anunciado este
viernes que ha aprobado una modificación de la ley para disponer de otros 4.500
millones del fondo de reserva, la conocida como hucha de las pensiones, para
poder abonar la paga extra de navidad. Con ello, el Ejecutivo echa mano de este
instrumento de emergencia por segunda
vez en un mismo año para afrontar el agujero en las arcas de la Seguridad Social
que ha motivado la caída de las afiliaciones. En julio autorizó el uso de 3.063
millones de la hucha.
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