El rechazo ciudadano a la nueva
ley de tasas es generalizado. La medida la desaprueban tanto los votantes
del PSOE
como los del PP.
Así queda reflejado en una encuesta elaborada por Metroscopia para el Consejo
General de la Abogacía.
Para dos de cada tres, no exageran quienes apuntan
que esta norma va a dar lugar a una justicia de ricos y otra de pobres, y que
el peso de estas tasas recaerá sobre las clases medias. El 84% considera que
vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva que establece la Constitución y por
tanto deben ser recurridas ante el Tribunal Constitucional “lo antes posible”.
“No sé por qué el ministro está enrocado
en no reconocer algo patente”, ha señalado el presidente del Consejo General de
la Abogacía, Carlos
Carnicer, durante la presentación del estudio hoy al mediodía. El encargado
de dar a conocer los datos ha sido el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia,
quien ha asegurado que le ha llamado la atención el “altísimo índice de
respuesta”. “Los medios de comunicación han dado una información que ha calado
en la ciudadanía”, ha resaltado.
Carnicer pide
a Gallardón que “no vuelva a invocar que esta es una cuestión corporativa que
no importa a los ciudadanos”
La iniciativa del Ejecutivo ha sido
criticada por partidos de la oposición,
pero también por profesionales del derecho, sindicatos y asociaciones de
consumidores. Se ha cuestionado su constitucionalidad y los socialistas ya
han anunciado que interpondrán un recurso. Ahora, este sondeo, elaborado a
partir de 1.000 entrevistas telefónicas realizadas el pasado lunes, cuantifica
el descontento de los ciudadanos.
El 90% critica que el Ministerio de Justicia
no haya buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la
aprobación urgente de la ley. “Pocas veces en mi vida había visto un porcentaje
tan abrumador”, ha comentado el presidente de la empresa demoscópica.
El 83% de los encuestados opina que con
este modelo el ciudadano medio se va a sentir menos protegido que antes por la
justicia y más alejado de ella.
La mayoría no cree que gracias a esta medida el
sistema judicial vaya a funcionar mejor (68%) ni que se vayan a lograr ingresos
adicionales que permitan financiar mejor la justicia gratuita (89%). Para el
84%, el Estado tiene la obligación de pagar dicha justicia gratuita a través de
los Presupuestos
Generales y no mediante tasas como estas. La opinión generalizada es que no
hay razones que justifiquen esta decisión.
A tenor de los datos, Toharia ha
concluido que “difícilmente se puede sostener que en este tema no haya un
clamor popular”, ante lo que Carnicer le ha pedido al ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, que “no vuelva a invocar que esta es una cuestión
corporativa que no importa a los ciudadanos”.
“Si nuestra Constitución
establece una tutela judicial efectiva, ponerle cualquier tipo de obstáculos es
inconstitucional”, ha continuado, para posteriormente reconocer que en momentos
de crisis se podría aceptar por ejemplo una tasa “testimonial” para la segunda
instancia. “Pero las cuantías de estas tasas están hechas para impedir el
acceso a los tribunales”, ha lamentado.
Ante quienes
acusan a los abogados de estar en contra de la norma porque repercutirá en su
actividad, el presidente del consejo ha respondido que “sin duda” habrá
clientes que, informados de las tasas, no puedan pagarlas, lo que ha calificado
de “efecto perverso” de la propia ley: “Al cliente habrá que decirle que tenga
el dinero preparado porque en cualquier momento el proceso se puede ver
perjudicado y si en los días para recurrir no tenemos la cantidad, habrá
perdido el derecho”.
Toharia ha agregado que un estudio anterior puso de
manifiesto que el 70% de los abogados no vive de la litigación. “Aprovecho para
revocar que somos los abogados los que alargamos los procesos. Un abogado solo
puede poner los recursos que la ley le permite”, ha defendido Carnicer.
El Consejo General de la Abogacía ha planteado una
serie de acciones para seguir protestando por esta nueva medida. Además de
poner a disposición de los letrados formularios para que pidan a los juzgados que
planteen la cuestión de inconstitucionalidad, ha creado una plataforma junto a
operadores jurídicos, sindicatos y asociaciones de consumidores.
Esta mantendrá
su primera reunión el lunes. Carnicer ha avanzado que el martes se celebrará
otro encuentro con “otros operadores para aunar voluntades”: “Seguiremos
pidiendo que esta ley sea derogada o como poco se reduzca muchísimo y se dejen
exentos muchos casos”. Igualmente se plantean facilitar al Gobierno "la
estructura de una nueva administración de justicia". Su objetivo no es
únicamente la eliminación de la ley de tasas, "hay más cosas que sugieren
que hay dificultades para atender los problemas".
Ningún comentario:
Publicar un comentario