El Gobierno estudia aprobar este año un plan
contra el absentismo de los funcionarios que incluye, según las líneas
iniciales de planteamiento, que estos no cobren su salario íntegro durante los
primeros 90 días de baja por incapacidad temporal, tal y como fija el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Según el Programa de
Estabilidad 2012-2015 que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, esta
es una de las medidas que se aprobarán este año para ahorrar gastos de la
Administración Central. De acuerdo con el texto del Gobierno, que no ofrece
todos los detalles sobre cuál será la rebaja aplicada, la medida tendrá un
"impacto presupuestario muy positivo, aunque a priori resulta difícil de
cuantificar exactamente".
La medida es similar a la que, por ejemplo, la Comunidad de
Madrid ya introdujo. Hasta el 1 de enero de 2012, Madrid
complementaba el sueldo de sus empleados en caso de incapacidad temporal, de
manera que, aunque la Seguridad Social cubriera solo una parte del salario
durante la baja, el Gobierno regional aportaba otra partida hasta llegar al
sueldo íntegro. El Gobierno de Aguirre señaló también que eliminaba esta
ventaja para evitar el absentismo.
El
plan del Estado contra el absentismo de los empleados públicos, según figura en
el texto que el Gobierno ya ha remitido, "aumentará la productividad de
los funcionarios y disminuirá las necesidades de contratación", según el
Gobierno. Además, prevé que se reduzcan los gastos de MUFACE, el organismo
público dependiente de Hacienda que gestiona la protección social de los
funcionarios y que comienza a abonar el subsidio por enfermedad a partir del
cuarto mes de inicio de la situación de enfermedad, "al reformarse los
requisitos para el pago de los subsidios y cambiar el cómputo del tiempo de
meses a días".
El
texto añade que se acortarán "los plazos de expedición y entrega" de
los partes de baja por incapacidad temporal a los departamentos de personal en
el régimen especial de funcionarios. Asimismo, se prepara la "eliminación
de la licencia por enfermedad a aquellos funcionarios sometidos a controles
médicos con resultado de alta o incomparecencia injustificada a reconocimiento
médico".
Por otra parte, el plan recuerda además que esta
no es la única medida que se aplica para reducir el peso en los presupuestos de
los empleados públicos. El Ejecutivo repasa las medidas "más comunes
contempladas", muchas de ellas, recetas de ahorro propuestas por
comunidades autónomas, según asegura el texto. "Son las congelaciones o
reducciones salariales de los empleados públicos y altos cargos; la
introducción de medidas de flexibilización horaria, (acompañadas de una
reducción proporcional de retribuciones); amortización de puestos de trabajo y
no convocatoria de nuevas plazas, al establecer una tasa de reposición entre el
cero y el 10%, además de las ocupadas por personal temporal o interino, o por
reducción del número de entidades y empresas públicas del sector público
autonómico; reducción del número de altos cargos y personal eventual por una
disminución del número de Consejerías y centros directivos; reducción de días
adicionales de vacaciones o por antigüedad; aumento de las horas de trabajo
hasta la máxima permitida; medidas de control del empleo público; eliminación
del número de liberados sindicales; control del absentismo laboral; reducción
de ayudas sociales y aportaciones a planes de pensiones para los empleados
públicos; la prohibición de cláusulas indemnizatorias; y la reducción de las
prestaciones complementarias por incapacidad temporal".
Aunque no ofrece cifras concretas sobre los
recortes, en el caso de la medida de reducción de días libres para los
funcionarios, el texto apunta que se trata de "la eliminación de días
adicionales de vacaciones por antigüedad y de días adicionales por fallecimiento,
por intervenciones, etc".
Un
cuadro macroeconómico distinto
El
actual Programa de Estabilidad, previsto para su aplicación entre 2012 y 2015,
incluye medidas en casi todos los ámbitos: desde ajustes en el personal público
hasta la regulación de las nuevas becas universitarias o los objetivos de la
reforma laboral. Según explica el Ejecutivo, con respecto al anterior, previsto
para 2011-2014, ofrece muchas variaciones. "Parte de un déficit en 2011
superior al objetivo anterior (8,5% frente a 6%) y las perspectivas de
crecimiento son también muy distintas. El crecimiento previsto para 2012 es de
-1,7% frente a un 2,3% previsto en el programa anterior. La media de
crecimiento en los años 2012-2014 en el Programa de Estabilidad 2011 ascendía a
2,4% mientras que en el actual Programa de Estabilidad en los dos últimos años
el crecimiento medio se sitúa en el 1,6%".
El
plan enviado a Bruselas recuerda además que el eje de los ajustes persigue
atajar el déficit. "La prioridad del Gobierno es alcanzar en 2013 un
déficit público del 3% del PIB, tal como se ha comprometido en el seno del
Eurogrupo, lo que significa una reducción en el saldo nominal de 5,5 puntos de
PIB a lo largo de 2012 y 2013", señala.
En
el lado de los ingresos, el Gobierno asegura a Bruselas que se "adoptarán
acciones para luchar contra el fraude a la Seguridad Social, con las que se
busca el afloramiento del empleo sumergido, evitar la obtención indebida de
bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social",
así como a evitar el fraude "en la obtención de prestaciones". Para
ello, se reforzarán, dice el Ejecutivo, los medios, las acciones inspectoras y
la colaboración con otros organismos.
